El miércoles 10 de febrero de 1909 Rosario vivió un acontecimiento fuera de lo habitual. Desde el domingo previo la ciudad había quedado paralizada producto del inicio de una huelga de contribuyentes y comerciantes que había tenido lugar por el aumento escandaloso de los impuestos municipales.
En menos de una semana la ciudad pasó de una huelga del comercio a la renuncia en masa del Concejo Deliberante, el intendente y el jefe político, dejando a la ciudad en una situación de acefalía que preanunciaba un cambio de época.
Dichos impuestos eran el efecto directo de un aumento en la partida presupuestaria municipal. Semejante salto en el Presupuesto del municipio (un 30%) encontraba explicación en los onerosos contratos de pavimentación (adoquinado y macadam) de las calles de la ciudad llevados a cabo en la gestión del entonces intendente, Nicasio Vila, así como el pago de obligaciones de deuda del municipio, contratos efectuados y aumentos de salarios.
El movimiento obrero rosarino, mayoritariamente anarquista, se plegó en bloque a la huelga bajo la condición de que la misma no presentara ningún tipo de matiz político partidario. Sin embargo, esta huelga fue eminentemente política, puesto que en ella entraron en juego diversos actores como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la asociación patronal Economía Social, la recientemente creada Liga del Sur, liderada por Lisandro de la Torre, así como por la Federación Obrera Local Rosarina (FOLR).
Esta conjunción de actores aparentemente en los antípodas de cualquier posible acuerdo cobró sentido en un contexto donde el descontento con las autoridades ya tenía muchos adeptos.
Para los trabajadores era evidente que aquellos aumentos suponían un agravio directo para sus flacos bolsillos. Por su parte, intervino un nuevo actor, la Liga del Sur, que defendía como bandera una ampliación de las libertades ciudadanas sobre el manejo del municipio, el cual funcionaba como ente administrativo, así como el traslado de la capital provincial hacia Rosario.
De esta forma se conjugaron malestares de larga data, que encontraron en aquella huelga un caldo de cultivo ideal en el cual aunar fuerzas.
El intendente trató, con indisimulado desinterés, solucionar aquello a partir de una ya ensayada maniobra, por medio de la cual prometía al Comité de Huelga que dejaría sin efecto temporal aquel Presupuesto hasta que el Concejo Deliberante volviera a funcionar en marzo, puesto que, según la Ley Orgánica Municipal, era potestad de aquel cuerpo legislativo la modificación o derogación de una ordenanza, no suya.
La situación, lejos de relajarse, conllevó a que la huelga se profundizara con situaciones de violencia callejera que conllevaron el cese del servicio de tranvías ante las amenazas obreras de destruir los cables y quemar los coches si seguían trabajando, así como situaciones de saqueos al Mercado Central (hoy plaza Montenegro) en busca de alimentos. Hubo choques con la Policía con heridos y muertos, según informó el diario La Protesta.
Finalmente, ante la imposibilidad de solucionar el conflicto, el miércoles 10 de febrero, tras 4 días de huelga, el intendente Vila y la totalidad del Concejo Deliberante presentaron su indeclinable renuncia. Un día más tarde haría lo propio el jefe político de la ciudad, Arturo Zinny, dejando a Rosario virtualmente en un estado de acefalía. Siendo el cargo de intendente designado por el gobernador y no electivo, éste confirmó en el cargo de forma provisoria a Santiago Pinasco, el inmediato antecesor de Vila en el cargo y por entonces diputado nacional por Santa Fe.
Los meses que mediaron entre aquellos sucesos y fines de junio fueron de transición y reconfiguración del aparato electoral local, conformándose alianzas a los fines de designar al nuevo Concejo Deliberante, en el cual lograría ingresar y dominar la Liga del Sur, rompiendo así por primera vez los resortes del régimen oligárquico provincial de control sobre la política local e inaugurando una nueva etapa en la política rosarina.
