Tal vez es una historia poco conocida, sobre todo para aquellas personas que nacieron después de este suceso. Esto, probablemente, puede deberse al silencio que implantó la Justicia desde entonces.
La verdad sobre el magnicidio de Armas: mafia en la Justicia, impunidad y olvido. El sábado 8 de febrero de 1986, minutos después del mediodía, un hombre de entre 30 y 40 años asesinó de dos disparos al abogado Mario Domingo Armas, diputado provincial por el PDP.
El crimen ocurrió en el edificio de cocheras de Paraguay 842, donde la víctima guardaba su auto, y se convirtió en uno de los misterios aparentemente insondables de la historia criminal de Rosario.
Armas fue encontrado al lado de su auto. No parecía un intento de robo: conservaba su billetera y el reloj Rolex que usaba en la muñeca. El asesino lo baleó en el pecho y después en la sien derecha, a corta distancia, la rúbrica de un sicario.
El juez Ernesto Atilio Pangia quedó a cargo de la investigación. Su posterior ascenso a camarista seguramente no fue un reconocimiento a su intervención en el caso, ya que no logró avances. La pesquisa policial se interesó por la vida privada de Armas, sin ningún resultado. Tampoco se encontraron motivos en su actividad profesional, dedicada a juicios civiles y comerciales.
Hubo un aspecto que quedó al margen de las averiguaciones, como si se diera por supuesto que no podía relacionarse con el crimen: en la Legislatura provincial, Armas integraba la Comisión de Acuerdos de Magistrados, encargada de la designación y del control de la actividad de los jueces.
Los investigadores tampoco creyeron que pudiera vincularse con otros episodios posteriores de la época, como los atentados con explosivos contra la casa del juez Ramón Teodoro Ríos (el 2 de septiembre de 1986) y el estudio del abogado Rodolfo Monserrat (dos veces, el segundo lo redujo a escombros) y el intento de asesinato de Jorge Omar Majul, ex abogado de la CGT y del estudio de Héctor Cerrutti, abogado de la OUM y factótum de la candidatura de José María Vernet a la gobernación.
Fue Majul, precisamente, el primero en articular esos episodios en principio desconectados, después de recibir cuatro disparos en la noche del 3 de julio de 1987. Apenas se repuso del ataque citó en su estudio a Mario Lisandro Armas, el hijo mayor del diputado. “Me comentó que a él lo había intentado matar gente de Cerrutti y que él consideraba que el asesinato de mi papá venía por el mismo lado. Me dijo que mi padre, como diputado, era una persona que molestaba a ese estudio jurídico”, declaró Armas en 2017, cuando se reabrió la investigación.
El estudio de Cerrutti contaba además con los oficios de Raúl Campilongo. Se trataba de un empleado con conocimiento de los trámites judiciales, ya que había trabajado para el abogado Walther Cattáneo entre 1965 y 1979. En abril de ese año ingresó al Ejército como personal civil de inteligencia con las recomendaciones de Jorge Alberto Fariña y de Marino Héctor González, dos de los principales responsables del terrorismo de Estado en el ámbito del II Cuerpo de Ejército.
Una mañana de enero de 2017, en el bar La Sede, el diputado provincial Carlos del Frade le dijo a Mario Lisandro Armas que tenía información sobre el crimen de su padre: Raúl Campilongo se había reivindicado en público como autor del hecho, según el abogado Fernando Mellado. El Juzgado de Instrucción número 11, a cargo de Delia Paleari, reabrió la investigación.
“Se habló de que a Armas lo mataron por problemas graves en Tribunales, parece que había tocado algo, iba a presentar en la Cámara algo fuerte”, declaró Luis Osvaldo Ghezzi, ex dirigente del Partido Justicialista en la provincia.
La presentación afectaba “a la mafia de fuera del Poder Judicial y se nombraba al Dr. Cerrutti” y refería a “una especie de queja por las designaciones, por algunas sentencias que hubo en el tribunal”. La responsabilidad de Campilongo “era algo que se comentaba en la calle”, pero que llamativamente tardó 32 años en llegar al expediente.
La reapertura de la investigación del crimen de Armas permitió reconstruir parte de la trama. El asesino intentó ingresar al estudio que el diputado compartía con su hijo mayor en Córdoba 1438, segundo piso departamento A y desistió al comprobar que la puerta estaba cerrada por dentro. De allí se dirigió a la cochera de Paraguay 842.
Entre los testigos de la segunda etapa se contó Gerardo Rosso, el vecino que se cruzó con Armas y con su asesino en la cochera. Cuando le preguntaron si aún tenía presente el episodio dijo que lo recordaba bien y de hecho dio un testimonio detallado.
El 22 de diciembre de 2017 el juzgado recibió una declaración informativa de Campilongo. El ex empleado de Cerrutti atribuyó las acusaciones a una campaña periodística en su contra.
Campilongo —cuyo domicilio en el padrón electoral correspondía al estudio jurídico de Wilfredo Scarpello— se negó a participar en una rueda de reconocimiento ante Rosso y al cabo de la declaración el abogado defensor José Manuel Alcacer —en agosto de 2020 fue acusado por el ministro Marcelo Sain por percibir fondos públicos para defender a policías involucrados en la desaparición de Franco Casco— pidió la prescripción de la causa.
“No me cabe ninguna duda de que a mi padre lo asesinó el señor Raúl Campilongo ese 8 de febrero de 1986 —dice Mario Lisandro Armas—. Para mí es una certeza. Atando cabos, creo que la presencia de mi padre en la Cámara de Diputados, al frente de la Comisión de Acuerdos para la designación de jueces, era un entorpecimiento para quienes dominaban la justicia, por lo menos en Rosario”.
Lo cierto es que hasta ahora no se encontró ningún culpable por el magnicidio del diputado Armas. Un silencio que prolonga en la Justicia desde hace 35 años.
Fuente: Suma Política.
