Santiago 2815, Rosario, Santa Fe. En la ciudad de Rosario, en la calle Santiago 2815, se encuentra la Casa de la Memoria, conocida durante muchos años como “la casita de los ciegos”. Este espacio constituye uno de los primeros y pocos inmuebles recuperados en el país luego de las apropiaciones ilegales de bienes patrimoniales realizadas por las patotas del terrorismo de Estado.
El emblemático domicilio pertenecía al matrimonio de personas no videntes María Esther Ravelo y Emilio Etelvino Vega, integrantes del Frente de Lisiados Peronistas (FLP) y Montoneros. En el lugar también funcionaba una sodería que, además de ser su medio de vida, operaba como cobertura de la vivienda donde residían junto a su hijo Iván.
El 17 de septiembre de 1977, fuerzas conjuntas irrumpieron en la casa. La violencia fue inmediata: no hubo margen de reacción. Los disparos que terminaron con la vida de Juan Carlos Amador, un joven de 20 años que trabajaba en el negocio, anunciaron que todo estaba perdido. Emilio y María Esther fueron secuestrados y quedaron a disposición del comandante Agustín Feced, jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario. Iván, de apenas tres años, también fue arrancado de su hogar.
Días después, los militares devolvieron al niño a un familiar, pero regresaron a la vivienda con otro objetivo: el saqueo. En un camión del Ejército cargaron muebles, ropa, electrodomésticos, la maquinaria de la sodería, el triciclo del pequeño y hasta la perra lazarilla del matrimonio. No solo se llevaron personas: vaciaron una vida. Emilio y María Esther fueron torturados para obtener el paradero de un dirigente montonero; nunca volvieron con vida.
La casa, una construcción de una sola planta en la zona sur de Rosario, fue apropiada por el Ejército y utilizada durante 17 años de manera ilegal e ilegítima. Recién tras denuncias sostenidas y la presión constante de los organismos de derechos humanos se logró su restitución. La recuperación de Santiago 2815 se convirtió así en un antecedente fundamental en el país en materia de restitución de bienes usurpados durante la dictadura.
El periodista e historiador Osvaldo Bayer definió aquel episodio como “el día de la vergüenza argentina”.
“El 17 de septiembre de 1977 se consumó la hazaña más grande de este siglo del Ejército nacional. Rosario fue testigo. Las fuerzas conjuntas lograron la captura de tres enemigos de la patria occidental y cristiana: Emilio Etelvino Vega, de 33 años, ciego; María Esther Ravelo, de 23 años, ciega; Iván Alejandro Vega, de 3 años; y el perro lazarillo del matrimonio”, escribió Bayer 17 años después, tras el fin de la usurpación.
Las investigaciones posteriores confirmaron que María Esther —“La Cuki”, como la llamaban— pasó por el centro clandestino de detención La Calamita, en la localidad de Granadero Baigorria, y luego fue trasladada junto a otros detenidos a una quinta en Monje, donde fueron fusilados. Décadas después, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar sus restos. Emilio Etelvino Vega continúa desaparecido.
La voz de la madre: memoria y dignidad
La historia de esta casa también es la historia de una madre que no dejó de buscar. La Asociación Madres en Santa Fe se constituyó a partir del grupo Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que nucleaba a quienes denunciaban públicamente la desaparición de sus seres queridos.
“A mí siempre me conocieron por ‘La Negrita’, pero me llamo Alejandra Fernández de Ravelo”, relató quien fuera la primera presidenta de Madres en Santa Fe. Tras la desaparición de su hija, recorrió juzgados, habló con autoridades e incluso esperó durante horas para ser recibida por un jefe militar.
Cuando logró entrevistarse con el teniente coronel Enrique Hernán González Roulet, este le dijo: “Señora, ¿qué le hace pensar que nosotros tenemos a su hija?”. Ella respondió: “Mi hija, que es la propietaria de la casa, no está y la casa está ocupada por Gendarmería, ¿cómo no voy a pensar que la tienen ustedes?”.
Alejandra recordaba a su hija con ternura: la llamaba “Pinina”. María Esther había comenzado a perder la vista en la adolescencia debido a un virus. En la Escuela de No Videntes conoció a su esposo; ambos estaban comprometidos políticamente, militaban en una organización peronista y entendían la participación como una forma de transformar la realidad social que los rodeaba. Su compromiso no se reducía a consignas: atravesaba su vida cotidiana, su trabajo, sus vínculos y su manera de pensar el país. En un contexto de creciente persecución y violencia estatal, esa elección los convirtió en blanco de la represión.
El día del secuestro, Alejandra recibió una llamada que la descolocó: le pidieron que fuera a buscar a su nieto Iván. No le explicaron demasiado. Cuando llegó a la casa de Santiago 2815, se encontró con una escena que todavía años después la perseguiría: la vivienda estaba ocupada por militares armados. Intentó ingresar, pero se lo impidieron. Desde la vereda vio cómo cargaban los muebles, los electrodomésticos y las pertenencias de su hija en camiones del Ejército. No era solo un allanamiento: era un saqueo a plena luz del día.
Mientras esperaba noticias de María Esther y Emilio, comprendió que algo irreversible había ocurrido. No solo se habían llevado a su hija y a su yerno; también estaban vaciando la casa, despojándolos de todo rastro de vida. Ese día, además del secuestro, comenzó para ella una lucha que duraría años: la búsqueda de justicia y la recuperación de lo que les habían arrebatado.
Años después, cuando le informaron que habían identificado los restos de su hija, expresó: “Fue un golpe muy duro, porque yo tenía la esperanza de volver a verla. Ellos fueron muy valientes, muy buenas personas, dieron su vida por un país mejor”.
Y ante la justificación que alguna vez le dio un militar —“No me venga con eso de que era cieguita, porque su hija pensaba”— respondió con una frase que condensa el núcleo ético de esta historia: “Claro que pensaba, pero no porque pensaba distinto a ustedes había derecho a matarla”.
Iván Alejandro “Piti” Vega, el único sobreviviente del operativo de fuerzas conjuntas del 17 de septiembre de 1977, tenía apenas tres años cuando fue secuestrado junto a sus padres y luego entregado a familiares. Creció con la ausencia como marca, con una historia que le fue contada por otros y con una casa que durante 17 años estuvo ocupada ilegalmente.
Cuando recuperó la vivienda en 1994, entró junto a su abuela y se encontró con las huellas del saqueo. No hubo posibilidad de contener el llanto. “Algún día tenía que volver, pero le daba mucho más tiempo. Lo veía medio difícil, sobre todo porque había que sacarle la casa a la Gendarmería”, expresó años después.
Iván reconstruyó su vida en Santa Fe, trabajó en talleres mecánicos y continuó sus estudios gracias al alquiler que organismos de derechos humanos pagaron para utilizar la casa ya recuperada. La restitución no borró la ausencia, pero le permitió volver a pisar el lugar donde había vivido con sus padres y resignificarlo como espacio de memoria.
Laura, la “Gringa”, la vecina que lo cuidó y acompañó a su abuela ante la CONADEP, lo recibió como si regresara un hijo propio. Fue ella quien nunca creyó la versión con la que los militares intentaron sembrar miedo en el barrio y quien sostuvo el saludo cuando otros vecinos preferían el silencio. En el reencuentro, le recordó sus travesuras de niño y le habló de su madre. Para Iván, ese abrazo fue también una forma de recuperar parte de su historia.
El rol del Poder Judicial: burocracia e impunidad
La historia de Santiago 2815 no puede explicarse únicamente por el accionar de las fuerzas represivas. También es necesario analizar el papel del fuero federal de Rosario durante la dictadura. Jueces, fiscales y secretarios no participaron directamente en los operativos ni en los centros clandestinos. Sin embargo, cumplieron una tarea necesaria para el terrorismo de Estado: impedir las gestiones por las víctimas y garantizar la impunidad de los represores.
El entonces juez federal Guillermo Ernesto Tschopp, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario entre 1977 y 1983, recibió durante la dictadura un centenar de hábeas corpus —recurso judicial destinado a proteger la libertad física de una persona y exigir que la autoridad informe sobre su detención y paradero— presentados por familiares de personas detenidas-desaparecidas.
Todos fueron rechazados.
No iniciaba investigaciones ni tomaba medidas aún cuando las fuerzas de seguridad confirmaban detenciones “en averiguación de actividades subversivas”. En el caso de María Esther Ravelo y Emilio Etelvino Vega rechazó tres hábeas corpus, contribuyendo a consolidar la clandestinidad del secuestro y la posterior usurpación del inmueble.
Según resoluciones judiciales posteriores, no se trató de omisiones aisladas sino de un accionar sistemático destinado a garantizar la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas represivas.
Tschopp fue procesado como partícipe necesario en homicidios calificados y privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por tormentos. También se solicitó la indagatoria de su ex secretario y de ex fiscales federales por su intervención en decenas de casos.
El rechazo sistemático de los hábeas corpus no sólo impedía la investigación, sino que además imponía las costas judiciales a los familiares denunciantes, convirtiendo la búsqueda de justicia en un nuevo castigo.
Lugar de memoria
Con el paso de los años y gracias a la lucha de familiares y organismos de derechos humanos, el inmueble fue recuperado y resignificado como un espacio destinado a preservar la memoria colectiva. Hoy forma parte del entramado de sitios que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado y promueven valores democráticos.
Desde la perspectiva del historiador francés Pierre Nora, los lugares de memoria surgen cuando la memoria viva comienza a debilitarse y la sociedad necesita anclar el recuerdo en espacios, objetos o símbolos que la preserven. No son simplemente edificios, sino construcciones sociales cargadas de sentido, donde se condensan experiencias históricas, disputas y procesos colectivos.
En Argentina, estos lugares están profundamente vinculados al pasado reciente y a las luchas por la memoria, verdad y justicia impulsadas por organismos de derechos humanos. En la ciudad de Rosario, estas políticas de memoria tuvieron un desarrollo sostenido, con la señalización y recuperación de espacios vinculados al terrorismo de Estado. Así, la Casa de la Memoria en Santiago 2815 no es solo una vivienda recuperada, sino un territorio donde el pasado se hace presente, se problematiza y se transmite a las nuevas generaciones como parte de una pedagogía democrática.
En este sentido, no sólo recuerda un hecho trágico, sino que constituye un espacio pedagógico y político en el que se desarrollan actividades educativas, culturales y comunitarias orientadas a sostener una memoria activa y comprometida.
La territorialización de las memorias vinculadas a la dictadura ha estado atravesada por disputas y debates sobre cómo representar ese pasado. En un contexto donde reaparecen discursos negacionistas o relativizadores, estos espacios funcionan como activadores de la memoria y como herramientas fundamentales para la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Hoy, “la casita de los ciegos” no es solo una dirección en el mapa de Rosario. Es un símbolo de memoria activa, de restitución y de justicia en construcción.
¿Qué significa que una casa haya sido ocupada durante 17 años con total naturalidad por una fuerza de seguridad? ¿Qué dice de una sociedad que durante tanto tiempo convivió con esa usurpación como si fuera parte del paisaje? ¿Cuántos silencios fueron necesarios para sostener esa impunidad?
No estamos hablando solamente de la historia de un operativo represivo, sino también la historia de vecinos que miraron, de funcionarios que rechazaron hábeas corpus, de burócratas que garantizaron la clandestinidad, y de una madre que se negó a aceptar que pensar diferente fuera motivo de muerte.
La historia de Santiago 2815 no es solo un registro del horror, sino también una interpelación al presente. Como sostiene el periodista y escritor Carlos del Frade en su libro El Rosario de Galtieri y Feced: “La memoria sirve para descubrir los sueños inconclusos, los proyectos colectivos que todavía son necesarios para responder a las urgencias del presente. De allí que cuando se mueve el pasado, se conmueve el presente”. Por eso, cada vez que se abre la puerta de esa casa recuperada, no sólo se recuerda lo ocurrido: se reactiva una pregunta sobre el país que somos y el que aún falta construir.
¿Qué hubiera pasado si Alejandra no insistía? ¿Si la “Gringa” no hablaba? ¿Si los organismos no marchaban? ¿Cuántas casas robadas siguen esperando restitución?
La Casa de la Memoria interpela todavía hoy: no solo recuerda lo que ocurrió, sino que pregunta qué hacemos nosotros con ese pasado. Porque la impunidad no siempre se impone con gritos; muchas veces se sostiene en el silencio. Y la memoria, en cambio, empieza cuando alguien se atreve a preguntar.
¿Qué hacemos hoy con esa memoria? ¿La habitamos o la dejamos, otra vez, en manos del silencio?
Porque siempre hay una Rosario por conocer y por cuidar. Una Rosario que no se agota en sus postales ni en sus ríos, sino que también se construye en las historias que incomodan, en las casas que fueron saqueadas, en las vidas que quedaron truncas. A casi cincuenta años del golpe de Estado, seguir hablando de estos hechos no es un ejercicio del pasado: es una responsabilidad del presente.
Recordar Santiago 2815 no es abrir una herida; es impedir que vuelva a cerrarse en falso. Es asumir que la democracia se fortalece cuando se nombran las injusticias y se reparan las ausencias. Porque cuando se mueve el pasado, como escribió Carlos del Frade, se conmueve el presente. Y una ciudad que se conmueve es una ciudad que todavía está viva.
La memoria no es solamente un acto nostálgico. Es una forma de cuidado. De la historia. De la verdad. Y también de Rosario.
