Memoria, verdad y democracia en Rosario. En el actual Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, donde hoy funcionan exposiciones y actividades culturales, en 1984 trabajó la delegación local de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Una placa en el frente del edificio recuerda que allí, en plena transición democrática, comenzó una tarea urgente y riesgosa: investigar el terrorismo de Estado en Rosario y la región.
La elección del entonces Centro Cultural Bernardino Rivadavia —hoy, Centro Cultural Roberto Fontanarrosa— no fue casual. Se trataba de un edificio público, civil y céntrico, accesible para quienes debían acercarse a declarar y, al mismo tiempo, desvinculado de las fuerzas de seguridad. En una ciudad donde muchos edificios estaban asociados al aparato represivo, instalar allí la delegación implicaba también un gesto simbólico: la investigación del terrorismo de Estado se hacía desde un espacio cultural y no desde una estructura militar o policial.
Que ese espacio, antes escenario de testimonios sobre secuestros, torturas y desapariciones, sea hoy un centro cultural no es un dato menor. Es la evidencia de una transformación histórica: del silencio impuesto a la palabra pública, del miedo a la circulación cultural. La memoria no quedó anclada en el pasado; habita el presente.
CONADEP en Rosario: cuando el Estado empezó a escuchar
La CONADEP fue creada el 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín mediante el decreto 187, con el objetivo de relevar denuncias sobre desapariciones forzadas y elaborar un informe final. A nivel nacional fue presidida por Ernesto Sábato, pero en Rosario la historia tuvo un capítulo propio.
La delegación local comenzó a funcionar formalmente el 1º de julio de 1984 y tomó posesión de sus oficinas el 20 de ese mes, en el entonces Centro Cultural Bernardino Rivadavia. En apenas dos meses, y en un contexto todavía atravesado por estructuras represivas activas, sus integrantes trabajaron —según recordarían años después— “a destajo y en campo minado”.
Integraron la delegación rosarina Manuel Blando, Fidel Toniolli, Ricardo Pegoraro, Delia Rodríguez Araya y Olga Cabrera Hansen, entre otros. La Comisión se organizó territorialmente: en Santa Fe funcionó dividida en zonas norte y sur. Pero más allá de la estructura formal, lo que ocurría en esas oficinas era inédito: por primera vez, el Estado argentino escuchaba oficialmente a quienes habían sido perseguidos por el propio Estado.
La tarea incluyó inspecciones en lugares señalados como centros clandestinos de detención: la Fábrica Militar de Armas Portátiles, el Batallón 121, la Escuela Magnasco, dependencias en Villa Constitución y departamentos céntricos donde funcionaban archivos del Ejército. Se actuaba con órdenes judiciales y acompañamiento policial, pero bajo amenazas constantes, ya que los servicios de inteligencia seguían activos.
El 8 de octubre de 1984, parte de la evidencia recolectada fue robada de los Tribunales provinciales en un operativo comando. El mensaje era claro: el aparato represivo no había desaparecido con la recuperación democrática. Sin embargo, la Comisión continuó.
El trabajo exhaustivo de las delegaciones provinciales —entre ellas la de Rosario— desembocó en uno de los momentos fundacionales de la democracia argentina. El 20 de septiembre de 1984, el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ernesto Sábato, entregó el informe final al presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada.
La escena condensaba meses de trabajo y años de horror. Afuera, más de setenta mil personas colmaron la Plaza de Mayo: era una sociedad expectante, atravesada por el dolor y la necesidad de saber. Adentro, el clima era sombrío y tenso. La joven democracia aún convivía con presiones militares y con la incertidumbre sobre cómo reaccionarían quienes habían detentado el poder hasta pocos meses antes.
El informe —que luego sería publicado bajo el título Nunca Más— documentó 8.960 casos de desaparición forzada y la existencia de 340 centros clandestinos de detención en todo el país. Pero los números no eran meras estadísticas: detrás de cada cifra había nombres, historias, familias, proyectos truncados.
Aquella entrega no fue simplemente la presentación de un documento administrativo. Fue el momento en que el Estado argentino reconoció oficialmente la dimensión sistemática del terrorismo de Estado. Fue, también, un gesto político de enorme peso: asumir públicamente que el horror había sido planificado y ejecutado desde las estructuras estatales. Desde ese día, la memoria dejó de ser solo una denuncia de los organismos de derechos humanos para convertirse en una verdad institucional.
Señalizar para no olvidar, y el valor de quienes denunciaron
El acto de señalización se realizó el 21 de marzo de 2022, en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Frente al edificio que hoy funciona como Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, autoridades municipales, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares se reunieron para marcar públicamente que allí había funcionado, en 1984, la delegación rosarina de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
La señalización no se limitó a colocar una placa: fue acompañada por un conversatorio y una muestra documental que recuperaron testimonios, documentos y memorias del trabajo realizado en ese mismo espacio durante la transición democrática.
De ese modo, la señalización convirtió al edificio en una marca activa de memoria: un recordatorio de que la democracia se construyó —y se sigue construyendo— no solo desde las instituciones, sino también desde el coraje de quienes rompieron el silencio y transformaron el dolor en testimonio.
Para muchas víctimas, declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue la primera vez que el Estado escuchaba oficialmente lo que habían sufrido. Hasta entonces, los testimonios se habían canalizado principalmente a través de organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras organizaciones que, en plena dictadura, habían sostenido la denuncia en soledad y bajo amenaza. En 1984, por primera vez, esas voces eran recibidas por una instancia estatal creada específicamente para investigar, registrar y dejar constancia.
Ese cambio no fue menor. Implicó un giro profundo en la relación entre ciudadanía y Estado. Quienes habían sido perseguidos por agentes estatales ahora se sentaban frente a representantes de un Estado democrático que buscaba reconstruir la verdad. No era solo un trámite administrativo: era un acto político y ético. Significaba reconocer que lo que habían vivido no era una “exageración”, ni un “exceso aislado”, ni una sospecha infundada, sino parte de un plan sistemático de represión.
Muchas de esas personas recién salían de la cárcel o todavía convivían con el miedo. Otras llegaban con la incertidumbre de no saber qué había sido de sus hijos, hijas o nietos. Declarar suponía volver a atravesar el horror, poner en palabras la tortura, los nombres propios, los lugares, los rostros. Pero también significaba inscribir esa experiencia en un registro oficial que ya no podía ser negado.
En el acto de señalización del actual Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, la entonces directora de Derechos Humanos y Memoria, Alicia Gutiérrez, subrayó una dimensión muchas veces invisibilizada del trabajo de la Comisión:
“No solamente queremos rendirle un homenaje a quienes integraron la CONADEP, sino a aquellas compañeras y compañeros que tuvieron el valor, que recién salían de estar en prisión, y tuvieron el valor de venir a hacer las denuncias acá, y a decir quiénes los habían torturado, quiénes habían asesinado a otros compañeros y compañeras. También muchos padres, madres, que venían para saber qué había sido de sus hijas, hijos y nietos”.
Sus palabras desplazan el foco del reconocimiento. La CONADEP no fue solo un cuerpo de investigadores: fue, sobre todo, un espacio donde el coraje civil encontró un cauce institucional. Sin esas voces no habría habido un informe. Sin esos relatos, muchas veces entrecortados por el dolor, no habría existido la base documental que permitió los juicios posteriores.
Escuchar también fue una forma de justicia. Porque la impunidad se sostiene en el silencio, en la negación y en la naturalización del horror; la democracia, en cambio, comienza cuando alguien se anima a hablar y el Estado decide no volver a callar, no volver a encubrir y asumir su responsabilidad frente a lo ocurrido. Escuchar implicó reconocer que el dolor tenía nombre propio, que la violencia había sido planificada y que las víctimas no eran cifras sino vidas interrumpidas.
En esa esquina de Rosario donde hoy circula cultura, libros y exposiciones, alguna vez circularon testimonios que cambiaron la historia. En esas oficinas se tejieron relatos fragmentados, se señalaron responsables, se ordenaron pruebas que luego sostendrían procesos judiciales, donde la palabra fue más fuerte que el miedo.
Recordarlo no es un ejercicio nostálgico ni una evocación ceremonial. Es una forma de inscribir en el presente la conciencia de que la democracia no se hereda intacta: se construye, se defiende y se cuida. Cada marca de memoria en la ciudad recuerda que hubo un tiempo en que hablar era un riesgo y escuchar, un acto político.
Cuidar esa memoria es también cuidar el pacto democrático que se forjó a partir de esas voces. Porque si el silencio fue condición de la impunidad, la escucha —sostenida en el tiempo— es condición de la justicia. Y esa tarea, lejos de haber terminado, sigue siendo una responsabilidad colectiva.
