Las ciudades no son solo un conjunto de calles, edificios y plazas. También están hechas de historias, de ausencias, de marcas que no siempre se ven. Rosario es una de esas ciudades atravesadas por memorias profundas: algunas celebradas, otras silenciadas durante años. Entre esas memorias, las del terrorismo de Estado ocupan un lugar central.
No ocurrieron en un “afuera”, ni en espacios lejanos o abstractos: ocurrieron en barrios, en comisarías, en galpones, en esquinas que hoy seguimos caminando. Entre 1976 y 1983, Argentina vivió una dictadura cívico-militar que desplegó un plan sistemático de represión ilegal. Secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y apropiación de niños y niñas formaron parte de una política estatal orientada a desarticular toda forma de organización política, social y cultural que cuestionara el orden impuesto. No se trató de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un entramado planificado que combinó fuerzas armadas, policiales, sectores civiles y un aparato de propaganda destinado a justificar la violencia.
Uno de los mecanismos centrales de ese plan fue el montaje de los llamados “enfrentamientos fraguados”. Personas que ya habían sido secuestradas y torturadas en centros clandestinos eran luego asesinadas y presentadas públicamente como bajas en supuestos combates. La escena era cuidadosamente construida: armas plantadas, comunicados oficiales, cobertura mediática alineada. De ese modo, el Estado buscaba borrar el crimen, criminalizar a las víctimas y sembrar miedo a la sociedad.
Rosario fue un territorio clave dentro de ese dispositivo represivo. Por su fuerte tradición obrera, estudiantil y militante, la ciudad fue considerada estratégica. Funcionaron numerosos centros clandestinos de detención, entre ellos el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, bajo el mando de Agustín Feced, uno de los engranajes mas crueles del terrorismo de Estado en la región. Desde ahí, se organizaron secuestros, torturas y asesinatos que marcaron a generaciones enteras.
El accionar represivo que culminó en la masacre no fue obra de sujetos aislados ni de grupos descontrolados. El servicio de Informaciones dependía orgánicamente del Estado provincial y actuaba de manera coordinada con el Ejército. La ejecución de los seis jóvenes fue realizada por el personal de la policía provincial, en el marco de una cadena de mandos claramente identificables. Estos crímenes formaron parte del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura cívico-militar y, como tales, fueron juzgados posteriormente como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Nombrar a los responsables es una forma de desarmar la idea de un pasado difuso y afirmar que el terrorismo de Estado tuvo autores concretos, estructuras definidas y decisiones políticas.
En ese contexto, el 23 de enero de 1977 ocurrió la Masacre de Ayolas y Cafferata. Al cumplirse 49 años de aquellos crímenes, se trata de una fecha que vuelve a interpelar a la ciudad y a quienes la habitamos. Días antes, entre la madrugada y la siesta del 20 de enero, seis jóvenes estudiantes universitarios habían sido secuestrados en distintos puntos de Rosario, en operativos coordinados por las fuerzas represivas. Eran militantes de la Corriente Universitaria por la Revolución Socialista (C.U.R.S.), vinculada a la organización Poder Obrero.
Sus nombres eran Héctor Luis Fluxá, Silvia Lidia Somoza, Mónica Cristina Woelflin, Nadia Doria, Gladys Beatriz Hiriburu y Luis Enrique Ulmansky. Tenían proyectos, vínculos, deseos y una fuerte convicción política. La selección de las víctimas no fue azarosa: todos y todas formaban parte de una generación politizada, atravesada por la experiencia universitaria, el debate ideológico y el compromiso con las luchas sociales de la época.
Héctor Fluxá tenía 20 años y estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario. Silvia Somoza, de 21 años, estudiante de Psicología, era su compañera. Mónica Woelflin, rosarina, tenía 24 años y estudiaba Medicina. Gladys Hiriburu, de 20 años, también era estudiante de Medicina. Luis Ulmansky, de 24 años, estudiaba Psicología y trabajaba en el Banco Comercial Israelita de Rosario. Nadia Doria, de 33 años, estudiaba Psicología en la UNR y trabajaba como empleada administrativa en Acindar; era pareja del dirigente sindical metalúrgico Alberto Piccinini, quien se encontraba detenido.
Los seis jóvenes asesinados formaban parte de una generación que pensaba la política como proyecto colectivo. Militaban, estudiaban, trabajaban y soñaban con transformar la realidad. No eran combatientes en un campo de batalla: eran estudiantes universitarios que discutían ideas, organizaban espacios y apostaban a un futuro distinto. La dictadura buscó aniquilar no solo a personas concretas, sino a esa generación y a la posibilidad de transmisión de sus experiencias, sus preguntas y sus deseos. En ese sentido, la masacre de Ayolas y Cafferata también fue un intento de cortar una historia que estaba en pleno desarrollo.
Tras ser secuestrados, fueron llevados al Servicio de Informaciones, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar como el centro clandestino de detención más grande de la provincia de Santa Fe. Ubicado en el edificio de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II de Rosario, en la esquina de las calles San Lorenzo y Dorrego, perteneciente a la zona 2, subzona 21, área 211, el Servicio de Informaciones —también conocido como “El Pozo”, “la Favela” o “la Rotonda”— operó entre 1976 y 1979.
En este lugar, fueron trasladadas ilegalmente entre 1.800 y 2.000 personas, muchas de las cuales perseguidas por su militancia política y social, y entre ellas mujeres embarazadas. La custodia de los detenidos y detenidas estaba a cargo de la policía provincial. Testimonios de sobrevivientes y diversas inspecciones oculares permitieron reconstruir la existencia de salas de tortura, un sótano o subsuelo, el entrepiso conocido como “la favela”, pasillos y habitaciones donde las personas permanecían cautivas y eran brutalmente torturadas. Junto a ellos había sido secuestrado otro joven, Hugo Elías, quien logró escapar con vida. En la madrugada del 23 de enero, los seis jóvenes fueron trasladados a unos galpones ubicados en la entonces calle Ayolas —hoy Uruguay— y Cafferata, donde fueron fusilados.
El Ejército difundió un comunicado en el que habló de un supuesto “enfrentamiento”. Los diarios replicaron esa versión sin cuestionamientos. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio La Piedad. Los medios de comunicación jugaron un rol central en la construcción de ese relato oficial.
Publicaron los comunicados militares, reproduciendo la versión del “enfrentamiento” y presentaron a las víctimas como “extremistas abatidos”. El lenguaje no fue neutro: contribuyó a deshumanizar, a justificar la violencia y a sembrar miedo. Esa pedagogía del terror no sólo ocultó el crimen, sino que buscó disciplinar a la sociedad. La masacre no ocurrió solo en una esquina: también se produjo en las páginas de los diarios y en el silencio forzado de la opinión pública.
Durante años, esa fue la historia oficial. Recién con el retorno de la democracia en 1983, el trabajo de los organismos de derechos humanos, los testimonios de sobrevivientes y los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron que esa versión comenzará a desmoronarse. Se probó que no hubo enfrentamiento alguno, sino un crimen de Estado cuidadosamente planificado.
Pensar hoy la masacre de Ayolas y Cafferata implica detenerse en algo más que en los hechos. Implica mirar la ciudad con otros ojos. Esa esquina no está aislada del presente: forma parte del entramado urbano que seguimos habitando. Son las mismas calles que caminamos hoy, las que cruzamos —sabiéndolo o no— que allí se ejecutó el horror. Calles que guardan memoria, aunque no siempre haya una placa que lo diga.
Los juicios de lesa humanidad permitieron reconstruir lo ocurrido, nombrar a las víctimas y establecer responsabilidades. Pero la memoria no se agota en los tribunales: continúa en la transmisión, en la palabra, en el territorio. Recordar Ayolas y Cafferata no es solo un acto conmemorativo; es una forma de cuidado del presente y del futuro. Porque la democracia no es un hecho garantizado, y el olvido nunca es neutral.
La dictadura buscó borrar esas huellas, imponer el silencio, convertir el miedo en costumbre. Recordar es, entonces, un gesto profundamente político. No como consigna vacía, sino como práctica activa: investigar, narrar, señalar el territorio, decir lo que pasó dónde pasó.
Ayolas y Cafferata no es solo una esquina de Rosario. Es un lugar donde la historia irrumpe y nos interpela. Nombrarla, contarla, detenerse allí, es asumir que las calles que caminamos tienen memoria. Y que es nuestra responsabilidad escucharla. Porque sin memoria no hay justicia. Y sin justicia, el Nunca Más se vuelve frágil.
