La Masacre de Pasaje Marchena, Rosario, 17 de febrero de 1977.
Hoy miles de estudiantes entran y salen de la Facultad de Medicina, cruzan Vera Mujica con apuntes bajo el brazo, esperan el colectivo en San Lorenzo, caminan apurados hacia la Terminal de Ómnibus que queda a pocas cuadras, viajan, llegan, se van, viven la ciudad sin saber, o sabiendo, que, muy cerca, en una cortada breve y casi escondida, el tiempo se quebró para siempre una madrugada de lluvia. En Pasaje Marchena, entre San Lorenzo y Urquiza, la ciudad guarda una herida que no se ve a simple vista, pero que sigue latiendo en la memoria colectiva.
Era el 17 de febrero de 1977, en plena dictadura cívico-militar, cuando el terror ya formaba parte del paisaje cotidiano. Un camión militar se detuvo de madrugada en la zona de Vera Mujica y San Lorenzo; en la parte de atrás viajaban jóvenes con los ojos vendados, muchos de ellos estudiantes que conocían esas calles porque las habían caminado durante años para cursar, militar, encontrarse con compañeros. Los obligaron a descender bajo la llovizna y les gritaron que corrieran, que quien llegara a la esquina se salvaría. Una promesa cruel, que en realidad era parte del mecanismo de tortura psicológica porque apenas empezaron a moverse una ráfaga de ametralladoras los alcanzó y sus cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto de Pasaje Marchena al 500, frente a casas bajas que todavía conservan, en la memoria de sus paredes, la marca de los disparos.
A la mañana siguiente, los diarios hablaron de un “enfrentamiento”, una palabra que durante años funcionó como coartada para encubrir ejecuciones planificadas. No hubo combate ni posibilidad de defensa: las víctimas habían sido secuestradas, permanecieron cautivas y luego fueron fusiladas en un operativo destinado no solo a matarlas, sino a sembrar miedo, a mostrar que el poder podía irrumpir en cualquier rincón de la ciudad y convertir una calle común en un escenario de muerte.
Los jóvenes asesinados eran estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), vinculados a las carreras de Medicina, Fonoaudiología y Psicología, parte de una generación que creía en la política como herramienta de transformación social y que soñaba con ejercer sus profesiones en un país más justo. Sus nombres siguen resonando porque nombrarlos es devolverles humanidad frente al intento de borrarlos: Carlos Morel, Roberto “Tito” Altamirano, Silvia Fabris, Beatriz Aguilera “Bety”, Ana Valle y Vico Ferrari, a quienes se suman Juan “Indio” Lucero y Claudia González “Sara”, asesinados pocos días antes, el 12 de febrero de 1977, en una casa de Álvarez Thomas al 800, en la zona norte, en un operativo del que también fueron secuestrados Altamirano y Fabris antes de ser llevados a Marchena.
Carlos Morel, de 20 años oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, era estudiante de Medicina y militante de la Juventud Universitaria Peronista, como muchos de sus compañeros había elegido una carrera vinculada a la salud convencido de que el conocimiento debía estar al servicio de quienes más lo necesitaban. Su militancia estaba atravesada por esa idea de justicia social que recorría a gran parte del estudiantado de la época.
Roberto “Tito” Altamirano, de 22 años, oriundo de San Justo, provincia de Santa Fe, también era estudiante de Medicina y militante, y compartía su vida con Silvia Fabris, su compañera. Ambos formaban parte de ese núcleo de jóvenes que articulaban estudio y compromiso político, participaban en debates, actividades y espacios de organización dentro y fuera de la facultad, y proyectaban un futuro en común atravesado por el amor y la militancia.
Silvia Fabris, de 22 años, nacida en Rafaela, provincia de Santa Fe, era una estudiante de Fonoaudiología y militante con participación propia, parte de ese entramado de jóvenes que sostenían redes, discusiones y acciones en un contexto cada vez más peligroso. Fue secuestrada días antes del fusilamiento, pasó por cautiverio y terminó ejecutada junto a sus compañeros.
Beatriz Aguilera, “Bety”, de 20 años, estudiante de medicina y Ana Valle, de 22 años, estudiante de Psicología, oriundas de Rufino, Santa Fe, también eran militantes. Como tantas mujeres de esa generación, su participación política desafiaba los mandatos tradicionales de género: ocupaban espacios de discusión y organización, convencidas de que la transformación social también implicaba disputar el lugar de las mujeres en la vida pública. Eran parte de una militancia cotidiana, hecha de reuniones, volanteadas, debates y construcción colectiva.
Vico Ferrari, cuyo nombre completo era Rubén Héctor Ferraris, tenía 24 años y era estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde cursaba sus estudios mientras trabajaba como empleado en la fábrica de tubos de acero de Acindar en Villa Constitución, combinando trabajo y formación en un intento de construir su propio proyecto de vida. Militante de Montoneros y la Juventud Universitaria Peronista, fue visto por última vez con vida el 5 de febrero de 1977 y se supone que estuvo detenido en el centro clandestino conocido como “El Pozo” antes de ser trasladado a Pasaje Marchena para ser fusilado con sus compañeros. Su cuerpo fue enterrado como NN en el Cementerio La Piedad de Rosario y en 2020 fue identificado gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, restituyendo así su nombre y su historia.
Juan “Indio” Lucero, conocido entre sus compañeros como El Indio o El Negro, tenía 24 años cuando fue asesinado por las fuerzas represivas el 12 de febrero de 1977 en una casa de la calle Álvarez Thomas en Rosario, durante un operativo en el que también murió su compañera y esposa. Nacido en el barrio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Lucero era estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y militante activo de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de Montoneros, donde integraba la Columna José Sabino Navarro y era muy respetado por su compromiso con la organización y sus ideales de justicia social.
Claudia Nora González, “Sara”, tenía 21 años y también estudiaba Medicina en la misma universidad. Estaba embarazada de cinco meses cuando fue asesinada junto a Lucero en el mismo operativo. Su vida y su muerte están ligadas a una historia de compañerismo y militancia compartida: pareja de Lucero y militante junto a él, estaban profundamente enamorados y esperaban un hijo cuando la violencia del terrorismo de Estado los alcanzó.
Eran pibes y pibas de poco más de veinte años que compartían estudios, militancia, amistades, trabajos ocasionales, discusiones políticas que se mezclaban con la vida cotidiana; no eran figuras lejanas ni nombres abstractos, sino parte de la trama viva de una universidad pública atravesada por debates, organización estudiantil y compromiso social, justamente por eso convertida en blanco de la represión. Ejecutarlos a metros de la Facultad de Medicina fue un mensaje directo al mundo universitario: el terror podía alcanzar incluso los espacios donde se pensaba, se discutía y se soñaba colectivamente.
El barrio quedó envuelto en el miedo, con persianas bajas y silencios forzados, mientras la versión oficial se imponía en los medios y la sangre era arrastrada por la lluvia hacia las alcantarillas, como si el agua pudiera borrar lo que había pasado. Durante años la historia quedó fragmentada en recuerdos sueltos, en relatos susurrados, hasta que la democracia permitió reconstruir los hechos en la justicia y en la memoria pública, demostrando que se trató de un crimen de Estado y no de un enfrentamiento.
Con el tiempo, esa cortada dejó de ser un punto anónimo del mapa y empezó a transformarse en un espacio de memoria. En noviembre de 2021 se colocó señalética que identifica el lugar como sitio de la Masacre de la Cortada Marchena, en un acto impulsado por el Programa de Memoria, Verdad y Justicia de la Municipalidad de Rosario, con participación de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, estudiantes, familiares y organismos de derechos humanos. Años atrás, en 2007, se pintó un mural con los nombres de las y los jóvenes, acompañado por una de las bicicletas de Fernando Traverso, esas bicicletas que multiplican presencias donde hubo desapariciones, y que convierten la pared en un lugar de encuentro entre pasado y presente.
Cada homenaje, cada nombre escrito, cada acto, es una forma de romper el silencio que la dictadura quiso imponer. Como dijo Carlos Alberto Lucero, familiar de Juan Lucero, en una de esas conmemoraciones: “La lucha continúa, lo más importante para recordarlos es mantener viva esta lucha.” Esa frase resume el sentido profundo de la memoria: no se trata solo de mirar hacia atrás, sino de sostener en el presente los valores por los que esas vidas fueron perseguidas.
Este año se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar y 49 años de la Masacre de Pasaje Marchena, y esas cifras no son solo marcas en un calendario, sino recordatorios de que el tiempo no borra la responsabilidad ni el dolor, pero sí puede fortalecer la memoria colectiva cuando una sociedad decide no olvidar. Hoy la ciudad vibra alrededor de esa esquina: estudiantes que empiezan la carrera, pasajeros que llegan a la terminal, vecinos que pasan apurados sin saber, o sabiendo, que caminan sobre un territorio atravesado por la historia. Sin embargo, en ese cruce discreto, los rostros de aquellos jóvenes siguen presentes, como una pregunta abierta sobre el pasado y como un compromiso con el presente y el futuro.
Porque la memoria no vive únicamente en los archivos o en las fechas conmemorativas, sino en las calles que transitamos todos los días, en las universidades que siguen siendo espacios de pensamiento crítico y en la decisión colectiva de decir, una y otra vez, que el terror no puede volver a ocupar el lugar de la vida cotidiana.
Nunca Más.
